Prorrogaron por seis meses la prisión para el contador Rossini.

El juez Francisco Miño decidió extender por medio año la estadía de Mario Rossini en la cárcel de Las Flores. Además, fueron indagados nueve directivos y gerentes de financieras.

El 12 de junio el juez federal Nº 2, Francisco Miño, prorrogó por seis meses la prisión preventiva para el contador Mario Rossini, principal implicado en la estafa de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, las dos empresas que presidió hasta fines de 2012, cuando debieron cerrar sus puertas acuciadas por una avalancha de acreedores.

La medida fue apelada por el abogado Néstor Oroño, y el implicado permanecerá en la cárcel de Las Flores mientras se expide la Cámara Federal de Rosario. Cabe recordar que este verano, la Cámara Federal de Casación Penal se opuso al arresto domiciliario que el año pasado la Cámara rosarina le había concedido al contador Rossini.

En aquella oportunidad, fue revocada la domiciliaria y el imputado, que había salido de la cárcel el 2 de julio de 2014, tuvo que regresar a Las Flores el 16 de abril último. Rossini está preso desde el 13 de diciembre de 2012, cuando estalló el escándalo que dejó a centenares de ahorristas ante una crítica situación económica por la fuga de títulos de la cual la Justicia responsabilizó al presidente de las firmas Bolsafé Valores y BV Emprendimientos.

Lavado de activos
El juez Miño lo procesó el 20 de octubre de 2014 como autor probable de los delitos de “defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores” y dictó un embargo de bienes por $ 20.000.000. Con él fueron procesados su hermano Omar Santos Rossini de profesión abogado; y ocho miembros del staff de Bolsafe con distinto grado de responsabilidad.

El 10 de marzo el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez solicitó al juez la indagatoria de directivos bancarios y gerentes de tres entidades financieras que operaban con Rossini, ante las claras sospechas de lavado de dinero. Un mes después el juez Miño citó a declarar por el presunto delito de lavado de activos, a nueve miembros de las firmas Banco de Galicia y Buenos Aires SA, Galicia Valores SA, y Valfinsa Bursátil SA, además del propio Rossini.

Las indagatorias se realizaron el 9, 10, 11, 16 y 17 de junio y culminaron el 18 del corriente con la presencia del contador Rossini, que se remitió a una declaración anterior y no formuló otra manifestación al respecto. En cuanto a los otros nueve, comparecieron como estaba previsto y rechazaron en cada caso las acusaciones.

Actividad sospechosa
Para la Fiscalía de Santa Fe, que trabajó la prueba junto con el fiscal Carlos Gonella de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y del fiscal del Área de Fraude Económico y Bancario, Néstor García Paradiso, no se activaron las alertas ante actividades sospechosas, como está establecido por los protocolos de las entidades. Además, se remitieron al informe de la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores, en el que se da cuenta del circuito seguido por los títulos objeto de desapoderamiento.

“La ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) se asienta sobre un sistema de prevención que pone en cabeza de los sujetos obligados (entre ellos las entidades financieras y las sociedades de bolsa) la obligación de reportar a la Unidad de Información Financiera las operaciones sospechosas realizadas por sus clientes”, expresaron desde el MPF.

 
 
 
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